Bloomberg Línea — La carrera electoral en Ecuador llegó a su fin, por ahora. Después de meses intensos y unas votaciones generales anticipadas, el Palacio de Carondelet ya conoce el nombre de quién será su nuevo huésped, aunque por un periodo corto.

Daniel Noboa se impuso a Luisa González con 52,1% de los votos y es el nuevo presidente de Ecuador, según los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE), para un mandato atípico que terminará en mayo de 2025, después de que Guillermo Lasso aplicara la ‘muerte cruzada’.

Sin embargo, en todos estos meses la incertidumbre política no ha abandonado al país, como tampoco lo ha hecho la inseguridad, que dejó al candidato y periodista Fernando Villavicencio sin vida, tras ser asesinado en plena contienda electoral, sumado a los constantes motines carcelarios, situaciones con las que deberá gobernar el nuevo presidente.

 

“El panorama para el triunfador no es para nada halagüeño. La fragmentación que presenta el nuevo legislativo, sumado a que 2024 será un año electoral previo a las elecciones de febrero de 2025, dificultará la implementación del plan de gobierno del presidente”, escribió Arturo Moscoso Moreno, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador, para Internacional IDEA.

 

El periodo presidencial será de 18 meses, hasta mayo de 2025, y el país atraviesa su peor crisis de seguridad en los últimos años, una circunstancia que, junto a las limitaciones económicas, condicionarán el plan de gobierno.

 

“Además de esta coyuntura sin precedentes, también se enfrentará (el nuevo mandatario) a los problemas estructurales del país: alta dependencia de las rentas petroleras, aparato productivo poco diversificado, alta informalidad laboral, alta tensión y volatilidad social por necesidades insatisfechas de amplios segmentos de la población”, dijo Laura Lizarazo, analista senior de Control Risks, en diálogo con Bloomberg Línea.

 

De acuerdo con Lizarazo, el nuevo jefe de Estado de Ecuador deberá gestionar y gobernar enfrentando los siguientes cinco desafíos principales:

 

Recuperar y reforzar el control territorial del Estado en zonas dominadas por organizaciones criminales: para la experta, esto no se logrará con la militarización indiscriminada de las ciudades donde estos grupos no solo explotan economías ilegales sino que regulan la vida social (zonas de Guayaquil, Durán, Manta, Esmeraldas). “Esto requiere intervenciones altamente planificadas para desarticular sus centros de operaciones, estructuras de mando, redes logísticas y flujos financieros”, explicó. Así mismo, exige restaurar o reforzar no solo la presencia de las fuerzas del orden, sino la oferta institucional de servicios del Estado. Ecuador llegó a una tasa de homicidios de 25,9 personas por cada 100.000 habitantes en el primer semestre de 2023, según el Observatorio del Crimen Organizado, superando a la tasa de Colombia y México.

Una depuración profunda de las estructuras del Estado que han sido infiltradas y cooptadas por el crimen organizado: Lizarazo defiende que diferentes instancias institucionales están cooptadas por actores ilegales, generando una profunda fragmentación y tensión al interior del aparato estatal en detrimento de su misión y capacidad de gestión. En su concepto, hasta que estos nexos de cooperación entre el crimen organizado y autoridades estatales no salgan a la luz, sean investigados y los responsables sancionados, la capacidad de intervención y acción del Estado ecuatoriano seguirá estando al servicio, “al menos parcialmente, de economías y actores criminales, y no de la ciudadanía”. Pero asegura que este puede ser un proceso altamente complejo y largo.

 Atender la profunda deuda social que también alimenta la crisis de seguridad: en Ecuador, así como en una buena parte de economías latinoamericanas, la pandemia desintegró un porcentaje del tejido social y productivo del país, profundizando los niveles de desigualdad y precariedad en zonas que ahora son foco de violencia criminal. La experta, consultada por Bloomberg Línea, destacó que la recomposición y reorientación de las prioridades de gasto público hacia la consolidación fiscal (que es indiscutiblemente una tarea crítica) en detrimento del gasto social, así como el desmantelamiento de algunas capacidades estatales para la provisión de servicios públicos y programas de bienestar también han contribuido al deterioro de las condiciones generales de vida en Ecuador en los últimos tres años. Por ejemplo, “más de la mitad de la fuerza laboral se encuentra en condiciones de informalidad (52,7% en junio de 2023). Además, a julio de este año, el 60,1% de los ecuatorianos tenían un empleo inadecuado”, detalló.

Lanzar una nueva política exterior integral que reconozca y atienda la dimensión regional y global de los desafíos sociales y de seguridad que enfrenta el país: la lucha contra la criminalidad, dijo Lizarazo, debe ser regional y no solo una tarea de Ecuador, por lo que es imprescindible que “el próximo gobierno revitalice y redireccione el diálogo y los esfuerzos de cooperación” en primer lugar con Colombia, y también con Perú y Bolivia.

Encontrar un balance fiscalmente responsable y al tiempo socialmente justo para el gasto público: “La responsabilidad fiscal es un imperativo ineludible en tiempos de normalidad, pero es fundamental reconocer que Ecuador no está atravesando un momento típico de su historia”, añadió. Es así como el nuevo presidente se enfrenta a desafíos inéditos que exigirán al Estado esfuerzos que implicarán costos fiscales elevados.

 

Para Arturo Moscoso, además, el nuevo mandatario “contará con un presupuesto mermado por la prohibición de extraer petróleo de la reserva ecológica del Yasuní, determinada mediante consulta popular llevada a cabo conjuntamente con la primera vuelta de las elecciones anticipadas”.