La prima de riesgo de Ecuador se situó en los 1.750 puntos tras bajar 289 enteros durante los primeros quince días transcurridos desde la declaración realizada por el Gobierno de la existencia en el país de un «conflicto armado interno» contra las bandas del crimen organizado.
El índice ‘riesgo país’, que mide el sobreprecio que paga el Estado para financiarse en los mercados internacionales con respecto al bono soberano de Estados Unidos a un plazo de diez años, estaba en 2.034 unidades en el momento que el presidente, Daniel Noboa, declaró la «guerra interna» a la delincuencia organizada.
Desde entonces la prima de riesgo ha caído paulatinamente tras haber alcanzado los 2.141 puntos el 13 de diciembre de 2023, el pico máximo de los últimos tres años, de acuerdo con los reportes del Banco Central de Ecuador (BCE).
En ese tiempo Noboa ha dado pasos para tratar de reducir el déficit fiscal, que en 2023 rondó los 5.000 millones de dólares.
Entre las medidas que busca sacar adelante está la subida del impuesto al valor agregado (IVA) del 12% al 15%, una reforma que está a debate en la Asamblea Nacional y que ha recibido el rechazo de colectivos sociales como organizaciones indígenas y sindicatos.
También ha planteado la posibilidad de dilatar en un año más el plazo de cierre y desmantelamiento del Bloque 43-ITT, uno de los principales yacimientos petroleros de Ecuador, cuyo cese de la explotación fue votado en un plebiscito nacional el año pasado.
Antes de asumir el cargo, Noboa, que ganó las elecciones presidenciales el año pasado con 35 años, también fue enfático en señalar la necesidad de hacer cambios en la política económica del país para no seguir un rumbo que, según su criterio, podría hacer que el país entrase en ‘default’ (impago de la deuda) en 2026 o 2027.
En un reciente informe de valoración del acuerdo crediticio culminado en diciembre de 2022, el Fondo Monetario Internacional (FMI) sugirió a Ecuador profundizar las reformas que quedaron incompletas durante el programa, en concreto la progresiva eliminación de los subsidios a los combustibles y la reforma tributaria.
El 9 de enero, Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de «conflicto armado interno» y declaró a las bandas criminales como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales a ser neutralizados por las fuerzas del orden.
Esta declaración, acompañada de un estado de excepción con toque de queda nocturno, se dio tras una oleada de atentados y acciones violentas atribuidas al crimen organizado que incluyeron el secuestro de policías, asesinatos, artefactos explosivos, vehículos incendiados, la toma de un canal de televisión por parte de un grupo armado y motines carcelarios con cerca de 90 presos fugados y unos 200 rehenes que fueron liberados.
